LEYES 39 Y 40: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA. | El blog del Servicio de Formación de Diputación de Valencia
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LEYES 39 Y 40: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA.

LEYES 39 Y 40: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA.

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas

En esta misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 recoge expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.

Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones españolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento vigente no es ajeno a ellas, puesto que el marco normativo en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que, en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica. Para superar estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado.

Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado.

Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

La importancia de las novedades introducidas por las citadas Leyes, especialmente las referidas a la implantación de la administración electrónica, obligan a las distintas Administraciones Públicas a realizar un esfuerzo para la consecución de los objetivos fijados que supondrá un cambio de cultura organizativa y de planificación y gestión que precisa de una completa formación de las personas que integran la Administración y que son las que van a hacer posible dicho cambio.

La necesidad de incidir de forma simultánea en el saber hacer, poder hacer y querer hacer, cobra aquí todo su sentido ya que el cambio es mucho más profundo y va mucho más allá de una mera adaptación de la gestión a la nueva normativa. Involucra personas, herramientas y procesos, y las necesidades formativas se presentan en cada una de estas vertientes, incrementando la dificultad de plantear una formación que integre todos los elementos y resulte útil.

El Servicio de Formación de la Diputación de Valencia, trabaja desde esta óptica, y trata de ofrecer, tanto internamente, como al personal de los Ayuntamientos, diversas actividades formativas, que aborden las distintas vertientes del cambio: desde cursos de dirección pública, cursos de procedimiento administrativo, o cursos específicos para las personas de la oficinas de asistencia, hasta cursos de herramientas de administración electrónica, y más recientemente un curso de innovación que se incluye en el programa de formación en línea. Sin embargo, tal vez sea necesario plantearse un itinerario formativo que de forma ordenada y sistemática contemple todas las facetas del cambio y que favorezca este cambio de cultura organizativa que exige el nuevo escenario de trabajo creado por las leyes 39 y 40.

Juan Jiménez Hernandis, Oficial Mayor de la Diputación de Valencia, coordinador de diversas actividades formativas.


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