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Formación sobre Policía Local y violencia de género

Policía Local y violencia de género Gandía

Formación sobre Policía Local y violencia de género

El Servicio de Formación de la Diputación de Valencia, en colaboración con el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencia (IVASPE) ha organizado, a lo largo del presente año, 12 convocatorias del curso de “Policía Local y violencia de género: la víctima como centro de la intervención”, con una duración de 20 horas cada una de ellas.

Con esta acción formativa se pretende conseguir que los policías locales conozcan con mayor profundidad la problemática de los delitos de violencia ejercidos contra la mujer, abordándolos desde una perspectiva interdisciplinaria.

El objetivo es lograr que estos profesionales, a través de los conocimientos y habilidades adquiridas en este curso, tengan un enfoque global de los delitos de violencia ejercidos contra la mujer.

Esta formación se ha ofrecido a todo el colectivo de la policía local en la provincia de Valencia, con el objetivo de conseguir una atención adecuada y eficaz a la víctima, así como dotar a los ayuntamientos de medios personales más cualificados para participar en la prevención y protección de las víctimas de violencia de género y contribuir así a la erradicación de esta lacra social, en coordinación con todos los agentes sociales implicados en el municipio.

De este curso se han hecho convocatorias en los municipios de: Alzira (2 convocatorias), Gandía (2 convocatorias), Lliria, Ontinyent, Requena, Sagunt y Valencia (3 convocatorias). En ellas han participado 341 alumnos de 131 ayuntamientos de la provincia.

La Diputación forma a los policías locales de Gandia para dar la mejor respuesta ante la violencia de género

Vídeo de la apertura

 

 


LEYES 39 Y 40: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA.

LEYES 39 Y 40: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE CULTURA ORGANIZATIVA.

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración.

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, formuló 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas

En esta misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 recoge expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.

Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones españolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento vigente no es ajeno a ellas, puesto que el marco normativo en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que, en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica. Para superar estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado.

Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado.

Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

La importancia de las novedades introducidas por las citadas Leyes, especialmente las referidas a la implantación de la administración electrónica, obligan a las distintas Administraciones Públicas a realizar un esfuerzo para la consecución de los objetivos fijados que supondrá un cambio de cultura organizativa y de planificación y gestión que precisa de una completa formación de las personas que integran la Administración y que son las que van a hacer posible dicho cambio.

La necesidad de incidir de forma simultánea en el saber hacer, poder hacer y querer hacer, cobra aquí todo su sentido ya que el cambio es mucho más profundo y va mucho más allá de una mera adaptación de la gestión a la nueva normativa. Involucra personas, herramientas y procesos, y las necesidades formativas se presentan en cada una de estas vertientes, incrementando la dificultad de plantear una formación que integre todos los elementos y resulte útil.

El Servicio de Formación de la Diputación de Valencia, trabaja desde esta óptica, y trata de ofrecer, tanto internamente, como al personal de los Ayuntamientos, diversas actividades formativas, que aborden las distintas vertientes del cambio: desde cursos de dirección pública, cursos de procedimiento administrativo, o cursos específicos para las personas de la oficinas de asistencia, hasta cursos de herramientas de administración electrónica, y más recientemente un curso de innovación que se incluye en el programa de formación en línea. Sin embargo, tal vez sea necesario plantearse un itinerario formativo que de forma ordenada y sistemática contemple todas las facetas del cambio y que favorezca este cambio de cultura organizativa que exige el nuevo escenario de trabajo creado por las leyes 39 y 40.

Juan Jiménez Hernandis, Oficial Mayor de la Diputación de Valencia, coordinador de diversas actividades formativas.


LA POLICÍA LOCAL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LA POLICÍA LOCAL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO: LA VÍCTIMA COMO CENTRO DE LA INTERVENCIÓN.

“El conocimiento solo es valioso si se transmite” Dr. Diego Pol.

“La policía Local y la violencia de género: la víctima como centro de la intervención”; este es el título del curso promovido por la Diputación de Valencia y el IVASPE para formar a Policías locales de la provincia de Valencia en materia de violencia de género.

Cuando me encargaron este ambicioso e ilusionante proyecto que me ofrecía la oportunidad de transmitir todas las vivencias y aprendizajes que durante más de 15 años han forjado mi carrera profesional y docente, lo primero que pensé fue en un título que reflejara lo mejor posible mi trabajo diario con las víctimas; un trabajo de protección y recuperación integral que llevamos a cabo desde el   grupo GAMA (Grupo de Atención a los Malos Tratos) de la Policía local de Valencia hace más de una década.  Más de 9000 víctimas desde su creación en 2003  afianzan un bagaje práctico, cualitativo y cuantitativo, cuya máxima premisa queremos transmitir: Lo primero siempre son  “ellas”.

En el título, precisamente, se trataba de poner en valor la importancia de la víctima en todas las fases de la intervención policial; teniendo como criterio que esta intervención, puede ser la primera de muchas otras, o la última de todas, en función de cómo se haya desarrollado. Desde esta perspectiva se le dio título al curso: “la víctima como centro de la intervención”.

En ella debemos volcar todos nuestros esfuerzos: que se sienta escuchada, entendida y  apoyada. De este binomio de comprensión y empatía entre la policía y la víctima dependerá no solo evitar la segunda victimización,  sino también confeccionar un atestado más completo y profesional, lo que apoyará, a su vez, un proceso judicial de mayor calidad. Como vemos, una cadena de intervenciones que determinarán el desenlace del proceso.  Que estemos a su lado le permitirá, sin duda, seguir con más fuerza ese camino de salida.

La primera intervención y la protección deben estar muy enlazadas para conseguir “abrazarla” y acompañarla en el pedregoso camino que le queda tras la denuncia y la vivencia del episodio u episodios violentos.

En el caso de los cursos de la Diputación de Valencia, nuestra idea era conseguir un curso eminentemente práctico y útil y por ello, el equipo docente, además de profesionales de alto prestigio, son personas que, en su profesión diaria, tienen contacto directo con las víctimas desde diversas áreas (judicatura, policía, atención psicosocial). Al mismo tiempo, y con el fin de adaptar los contenidos a las necesidades del municipio, los alumnos cumplimentan antes del curso un cuestionario que nos permite adaptar la formación a sus expectativas.

Creo firmemente que aprendemos juntos y juntas, y que este aprendizaje crece exponencialmente, en cuanto tomamos la vía de la interseccionalidad; este puede ser un buen ejemplo en el que  varias Instituciones y profesionales confluyen en un interés común que les guía como servidores públicos: ELLAS.

 

Estefanía Navarrete, Inspectora de policía local del Ayuntamiento de Valencia, coordinadora del grupo GAMA (Grupo de Atención a los Malos tratos), coordinadora del curso “La policía Local y la violencia de género: la víctima como centro de la intervención”.